El pasado 25 de mayo entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Vial, y por un defecto en la redacción de la ley, concretamente en su artículo 85, la Policía Local no puede retirar coches mal estacionados y sólo podrán denunciar la infracción pero sin avisar a la grúa para que se retiren.
Lo que se dice en el artículo es que tiene facultad de avisar a la grúa la autoridad encargada de la gestión del tráfico, y la autoridad encargada de la gestión del tráfico no es la Policía Local sino que son los alcaldes.
Según informa Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, este problema se debe a una “mala redacción de la ley, que crea un vacío que solamente se puede subsanar con un decreto expreso de los alcaldes delegando la competencia en materia de Tráfico”.
En Zaragoza encontraron una solución a este problema una semana antes de que la nueva ley entrara en vigor, porque allí el 18 de mayo se aprobó un decreto para que los agentes muncipales pudieran avisar a la grúa, y otros municipios españoles se ya se puesto en marcha para firmar un decreto de delegación expresa en favor de los policías.
Mario Arnaldo recomienda a los conductores a los que la grúa les ha retirado su vehículo por orden de un policía local “pagar la correspondiente tasa para sacar el coche del depósito municipal y, a continuación, plantear un recurso contra el cobro, reclamando la nulidad de pleno derecho de las actuaciones por haber sido realizadas por personal sin la competencia necesaria”.
No obstante la Dirección General de Tráfico niega que existan carencias en este nueva ley, y según explican lo uníco que se hace en el caso de las grúas es fijar la responsabilidad en la autoridad administrativa.
